Dependientes en peligro

Sólo le ha hecho falta dos Consejos de Ministros al nuevo Gobierno de España para considerar que la Ley de la Dependencia es un lujo que no podemos permitirnos en una época de crisis en la que, sin duda alguna, la ayuda a los más desfavorecidos se hace más imprescindible que nunca.

Entre las medidas adoptadas por el nuevo ejecutivo popular, quiero destacar algunas que me parecen un ejemplo claro del cambio de modelo de sociedad al que vamos a asistir, y que se excusa en la grave situación económica que vivimos. Medidas que vuelven a mostrar que no es lo mismo un gobierno de izquierdas o de derechas. Decisiones que llevan a considerar que, a partir de ahora, sólo saldrán de la crisis aquellos/as que se encuentren en mejores condiciones, dinamitando algo básico para nuestra sociedad como es la igualdad de oportunidades.

Las primeras víctimas son las personas dependientes en grado moderado. A ellas les afecta la moratoria acordada por el Consejo de Ministros: durante el año 2012 no podrán aspirar a recibir una prestación. La medida afecta a la mayoría de los 165.125 ciudadanos cuya dependencia leve está reconocida ya en los dictámenes oficiales, el paso previo para recibir la ayuda —solo han empezado a tener atención en País Vasco y Castilla y León—, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Forman parte de los 312.000 dependientes que están en lista de espera para recibir algún tipo de atención.

A esa medida hay que añadir la situación en la que nos entraremos en Catalunya. En la presentación del informe del Observatorio de la Vulnerabilidad que Cruz Roja Catalunya hizo público hace dos semanas, más de 300.000 catalanes no tendrán ningún ingreso después de agotar la prestación por desempleo o por dejar de percibir la Renta Mínima de Inserción (RMI). El mismo informe recuerda que en Catalunya ya son más de 200.000 personas las que se encuentran en esta situación.

Más de 300.000 catalanes no tendrán ningún ingreso después de agotar la prestación por desempleo o por dejar de percibir la Renta Mínima de Inserción (RMI)

Por si no fuera suficiente, el Gobierno estatal congela también el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se toma como referencia del nivel de renta para determinar el acceso y la cuantía de algunas ayudas, en 532,51 euros. En la práctica, supone una reducción real de esas prestaciones. También desaparece una de las mejores políticas del gobierno Zapatero: la ayuda para la emancipación de los jóvenes. Se mantendrá para los 300.000 que actualmente la reciben, pero unos 75.000 jóvenes al año con ingresos de menos de 22.000 euros anuales se quedarán sin esa ayuda.

No contentos con eso, por primera vez en democracia, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sueldo legal mínimo que al menos tiene que cobrar un trabajador por una jornada laboral completa, se congela. Este año, el SMI se mantendrá en 641,40 euros. Según cálculos de los sindicatos, unas 182.000 personas cobran este salario, aunque son conscientes de que es una estimación muy a la baja. El poder adquisitivo del SMI ya ha menguado en los dos últimos años, un 0,3% en 2010 y un 2% este año.

Y así podríamos seguir describiendo algunas medidas más. En boca de la Vicepresidenta al Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas son el "inicio del inicio", invitándonos a todos y todas a seguir temblando ante la más absoluta ignorancia de cual será el siguiente paso. El Partido Popular sólo ha tardado semanas en traicionar la confianza de sus votantes, haciendo justo lo contrario que anunció en campaña electoral. Lo peor de todo es la obsoleta excusa de decir que se han encontrado las arcas peor de lo que pensaban. Con esta afirmación intentan justificar medidas absolutamente desastrosas, que no generarán empleo y que condenaran a miles de familias a la más absoluta desprotección social. Nadie puede creerse que el principal partido que hace unos meses estaba en la oposición no conociera el estado de las cuentas, más aún cuando cualquier ciudadano puede acceder a ellas de forma pública. Se trata pues, de un discurso aprendido y ya escuchado en otras ocasiones, basado en echarle la culpa al que se ha ido para justificar medidas no prometidas.

El Partido Popular sólo ha tardado semanas en traicionar la confianza de sus votantes, haciendo justo lo contrario que anunció en campaña electoral. Lo peor de todo es la obsoleta excusa de decir que se han encontrado las arcas peor de lo que pensaban.

El futuro con este Gobierno es una caja de sorpresas. No todas las medidas pueden basarse en la situación económica. Si estamos de acuerdo en que la crisis es global, por qué no explican cuáles con los motivos por los cuales comunidades gobernadas por el PP suspenden en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Según el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que valora la aplicación de la Ley en los últimos 6 meses, comunidades como Canarias, con un 0,05; Valencia, con un 2; Asturias que retrocede de 3 a 2,5; Ceuta y Melilla (3); Madrid (4) y Baleares (4,5) "son las que suspenden". El dictamen destaca también el retroceso de dos CC.AA que eran "emblemáticas" en el desarrollo de la Ley de Dependencia, como son Castilla-La Mancha y Aragón, que han bajado un punto, si bien se sitúan aún en un 8,5. También ha retrocedido Cataluña, pasando del notable a un 6,5 (la derecha catalana de CiU y PP no se queda atrás); Navarra, que ha bajado hasta el 6, y se mantienen estables Murcia, Galicia y Extremadura, con una puntuación media de la tabla (5,5). Andalucía, por su parte, se ha elevado hasta el 8.

Compañeros y compañeras lectores de este blog: creo que no estamos en el "inicio del inicio", como dice la Vicepresidenta. Estamos más bien en el "inicio del fin" del Estado del Bienestar que hemos disfrutado durante estos años. Que nadie crea que no soy partidario de modificar algunos aspectos debido a la real crisis económica, financiera y social que vivimos, pero no de la manera que propone el actual gobierno. La eficacia en la gestión es primordial para generar ahorro, la subida de impuestos a las grandes fortunas, al sistema bancario nacional e internacional, la rebaja en el gasto militar, la aplicación de la tasa Tobin, la racional eliminación de algunas estructuras intermedias del gobierno, son a mi parecer aspectos imprescindibles que desarrollaré en otro post.